La portavoz de Consumo del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Carmen Riolobos, exigió a la ministra de Sanidad y Consumo, Trinidad Jiménez, que proteja a los afectados por el dimetilfumarato y que realice las inspecciones necesarias para retirar del mercado los productos que contengan esta sustancia.

El dimetilfumarato es una sustancia prohibida, usada en lugar de Silica gel para combatir el moho y la humedad en calzado, sofás y otros productos y ha provocado serios problemas de salud a miles de personas en muchos países europeos.

En España la mayoría de los afectados han sufrido reacciones alérgicas debidas a zapatos contaminados con dimetilfumarato, por eso popularmente se habla de zapatos tóxicos.

Riolobos se hizo eco de las denuncias de la Asociación Nacional de Afectados por el Dimetilfumarato, Andafed, que han resaltado el oscurantismo, la falta de información, el retraso en el diagnóstico y tratamiento, así como la falta de un estudio epidemiológico para conocer las causas de las reacciones alérgicas sufridas.

La portavoz de Consumo del Grupo Popular resaltó que el dimetilfumarato es uno de los más potentes sensibilizadores cutáneos y en pequeñas concentraciones puede producir eczemas difíciles de tratar y con grandes secuelas.

Riolobos reclamó a la ministra Jiménez medidas para prevenir nuevos casos, como campañas publicitarias, un mayor control de productos en frontera, el incremento de las inspecciones, más controles analíticos y la retirada inmediata de los artículos contaminados con esta sustancia tóxica.

Además, le recordó que durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Consumo del Senado, en abril de 2009, afirmó que el brote se daba por cerrado, sin embargo de veinte muestras muestras analizadas recientemente por el laboratorio de la Fundación Leia, un tercio tenía dimetilfumarato.

La senadora opina que el Ministerio de Sanidad ha hecho caso omiso a las peticiones de los afectados, a pesar de tener las competencias en sanidad exterior, en materia legislativa y en la coordinación con otros países y con las Comunidades Autónomas.

Riolobos exigió a la ministra de Sanidad y Consumo que ejerza sus funciones, tome el toro por cuernos y resuelva el problema, no derive la responsabilidad a las CC.AA., revise el actual sistema y retire del mercado los productos sospechosos.